En primer lugar, se investiga un presunto incumplimiento en la entrega oportuna del Número de Identificación Personal (NIP), un código esencial para completar el traslado a otro operador
Tomado de Gs Noticas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra la compañía Movistar, luego de recibir múltiples quejas de usuarios que habrían tenido dificultades al intentar cambiar de operador conservando su número telefónico, un derecho contemplado en la regulación de portabilidad numérica en Colombia.
El pliego de cargos formulado por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones se basa en dos posibles violaciones normativas. En primer lugar, se investiga un presunto incumplimiento en la entrega oportuna del Número de Identificación Personal (NIP), un código esencial para completar el traslado a otro operador.
La SIC señala que, pese a que Movistar habría recibido correctamente las solicitudes, en algunos casos no habría emitido el NIP dentro de los tiempos establecidos por la regulación: cinco minutos en al menos el 95 % de las solicitudes, y nunca más allá de diez minutos, incluso si el servicio está suspendido.
La segunda falta en estudio es el posible ofrecimiento de beneficios e incentivos a usuarios que ya estaban en proceso de cambio hacia otro operador. Esta práctica está expresamente prohibida por las normas de portabilidad, ya que interfiere con la libre decisión del usuario.
Además de iniciar el proceso sancionatorio, la Superintendencia impuso medidas preventivas. Entre ellas, ordenó a Movistar garantizar el envío puntual del NIP y abstenerse de enviar mensajes promocionales a los usuarios que han iniciado la migración a otra empresa. La compañía deberá demostrar el cumplimiento de estas disposiciones mientras avanza la investigación.
En respuesta, Movistar aseguró que respeta las normas vigentes sobre portabilidad numérica, reconoció haber sido notificada de la investigación y anunció que ejercerá su derecho a la defensa. Sobre las medidas preventivas ordenadas por la SIC, indicó que aún no ha recibido una notificación formal.
Si se comprueba la comisión de las infracciones, la empresa podría enfrentar sanciones económicas de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La resolución que da inicio al proceso no admite recursos, pero Movistar tiene un plazo de 15 días para presentar sus descargos y aportar pruebas.