La empresa Cerro Matoso alertó que su operación en Colombia podría volverse inviable luego de que una corte de la provincia de Alberta, en Canadá, aprobara en primera instancia la solicitud presentada por Canacol Energy para terminar los contratos de suministro de gas natural que mantiene con la compañía.
Según informó Cerro Matoso, Canacol suministra actualmente el 82 % del gas natural que requiere la planta para la producción de ferroníquel. La empresa aseguró que, en las últimas semanas, el proveedor redujo de manera unilateral las entregas pactadas e impuso restricciones que comprometen la continuidad de la operación.
La compañía explicó que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de sus hornos y demás equipos industriales, por lo que la interrupción del suministro obligaría a detener la producción. Advirtió que el apagado de los dos hornos principales ocasionaría daños estructurales irreversibles, cuya recuperación podría tardar más de 10 meses y representar costos de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos por cada horno.
Frente a la decisión judicial, Cerro Matoso anunció que dispone de 21 días para presentar un recurso de apelación ante la justicia canadiense y aseguró que utilizará todos los mecanismos legales disponibles para defender sus derechos y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La empresa también recordó que, en Colombia, será la Superintendencia de Sociedades la entidad encargada de determinar si una decisión definitiva de la justicia canadiense puede tener efectos en el país, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la soberanía nacional, la seguridad energética y el orden público colombiano.
En materia laboral y social, Cerro Matoso advirtió que un eventual cese de actividades pondría en riesgo la estabilidad de más de 2.000 trabajadores y afectaría de manera directa a cerca de 50.000 personas pertenecientes a 25 comunidades vecinas. La compañía señaló que durante 2025 destinó más de 10.600 millones de pesos a programas de inversión social en estas poblaciones.
Asimismo, indicó que la suspensión de operaciones tendría un impacto económico para el país, al dejar de percibir aproximadamente 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y adquisición de bienes y servicios.
La empresa también manifestó que la terminación de los contratos de suministro de gas podría afectar el abastecimiento del combustible en poblaciones de la Costa Caribe, con posibles incrementos en las tarifas del servicio para los usuarios.
Finalmente, Cerro Matoso hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional para que adopten medidas que permitan proteger el orden jurídico colombiano, garantizar la continuidad de la operación y salvaguardar los derechos de trabajadores, contratistas, comunidades y demás actores vinculados a una industria que, según la compañía, ha contribuido al desarrollo económico y social de Córdoba y del país durante 44 años.