Las primeras denuncias sobre el ‘Cartel de las Cesantías’ en Córdoba fueron denunciadas en 2019 con irregularidades cometidas tres años antes. Pese a ello repiten el mismo modus operandi.
Con resoluciones oficiales expedidas por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Córdoba en los años 2016, 2017 y 2018, se ampararon las primeras defraudaciones del Sistema General de Participaciones y en 2019 se hizo la primera denuncia penal en contra del ‘Cartel de las Cesantías’ de los docentes de ese departamento.
Registros oficiales que fueron investigados por la Fiscalía en 2020 prueban falsedades en poderes notariales, sellos, firmas, huellas y hasta promesas de compra venta de bienes para organizar el expediente de loa maestros a quienes les reclamaron sus cesantías, sin que ellos autorizaran y mucho menos cobraran.
En 2022, con las denuncias penales hechas por la Gobierno de Orlando Benítez, se ratifican los hechos y no solo se prueba, sino que individualizan a la persona que representó a los maestros para cobrar esas cesantías, sin que ellos supieran y sin recibir un solo peso.
En el primer trimestre de 2024 el actual gobernador, Erasmo Zuleta, es alertado de la misma ‘operación’ ilegal y presenta otra denuncia contra indeterminados ante la Fiscalía General señalando incluso que, en algunos casos la firma de las secretarías de educación que han pasado por su administración habrían sido adulteradas.
En diálogo con este medio el gobernador Erasmo Zuleta dijo que espera que la Fiscalía logre llegar al fondo de las investigaciones y se puedan individualizar responsables internos o externos de esos actos irregulares que comprometen recursos del Estado que vía SGP se giran directamente a la Fiduprevisora para que, con base en los expedientes que se organizan desde la Secretaría de Educación, paguen a los docentes las prestaciones sociales.