El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico admitió una demanda dirigida a anular la elección del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, debido a presuntas irregularidades en su candidatura.
La acción legal fue interpuesta por Hassam Fares, exaspirante a esa Alcaldía, quien argumenta que Char estaba inhabilitado para postularse, ya que era accionista de Serfinanza, banco de la familia Char, que había mediado entre el Ministerio de Hacienda y la empresa Transmetro.
Según la demanda, Char habría violado el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000 al haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la elección. Se señala que Serfinanza, entidad de la cual Char era accionista, habría recibido un giro del Ministerio de Hacienda en marzo de 2023, destinado a Transmetro.
El demandante también alega que Serfinanza habría suscrito contratos con la Alcaldía de Barranquilla, y que Char, además de ser accionista de Junior de Barranquilla, habría firmado acuerdos relacionados con el Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Masivo de Transporte – Transmetro.
La magistrada Lilia Yaneth Álvarez admitió la demanda y la trasladó a las autoridades involucradas en la inscripción de la candidatura de Char, así como al Ministerio Público, el presidente del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Previamente, el Consejo Nacional Electoral había dejado en firme la candidatura de Char, que también fue objeto de una demanda por Edinson Lucio Torres, alegando su asociación con Serfinanza. Sin embargo, la magistrada Martiza Aristizábal no encontró suficientes motivos para revocar la candidatura.
La situación legal de Char se complica con esta nueva demanda, que cuestiona su idoneidad para el cargo de alcalde de Barranquilla. Las autoridades correspondientes deberán analizar los argumentos presentados y tomar las medidas pertinentes en el marco del proceso judicial.
Esta demanda se suma a una serie de controversias y cuestionamientos sobre la gestión pública y la transparencia en las elecciones locales, poniendo en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral y la integridad de los candidatos.